ÁREA: DERECHO, AMBIENTE Y DESARROLLO

El área de concentración del PPGD/UFRRJ se constituye a partir de dos ejes, Ambiente y Desarrollo, que se conectan en sus distintas interfaces y vínculos con la sociedad, construyendo entre sí una red interrelacional mediada por el Derecho. El Ambiente, introducido como eje de investigación, se configura desde las perspectivas natural, urbanístico-artificial e histórico-patrimonial; no obstante, más allá de este sesgo tradicional, el Ambiente asume —a partir de una moderna y amplia visión sobre la relación espacio-tiempo— una perspectiva totalizadora que abarca en su núcleo categórico los loci donde habitan los seres humanos. Esta apertura de enfoque permite que los distintos núcleos o colectivos sociales adquieran relevancia en su construcción conceptual y, por consiguiente, se conviertan en objeto de estudio.

Puesto que el Ambiente constituye la espacialidad donde se realiza la vida humana en sus distintos aspectos, este genera y matiza los fenómenos sociales y jurídicos. Tomar esta postura esclarece la debida comprensión del Ambiente como una categoría jusfilosófica necesaria para la construcción de un entendimiento amplio y crítico sobre las diferentes formas de surgimiento, aplicación y modificación del Derecho. En este sentido, se tiene que, si por un lado el Ambiente —como categoría del pensamiento humano-investigativo— engloba la naturaleza, el patrimonio histórico y cultural y el denominado medio ambiente urbano o artificial, por el otro abarca a la familia, las organizaciones empresariales, las comunidades vulnerables e incluso la prisión como locus de vivencia humana. La introducción del Ambiente como eje del área de concentración confiere potencia a la investigación jurídica al volverla materialmente interrelacional.

En otras palabras, se invierte la lógica tradicional centrada en visiones fragmentadas de estudio sobre cada núcleo productor de relaciones jurídicas para, de este modo, establecer como punto de partida de la investigación científica el elemento común a todas las diferentes formas de emersión, realización y negación del Derecho, a saber: la espacialidad. No existe el derecho fuera de la relación espacio-tiempo. La comprensión de la dinamicidad del concepto de Ambiente demanda su interrelación con el de Desarrollo. Ambos se encuentran umbilicalmente vinculados a la sociedad. El elemento humano se inserta por medio del concepto de sociedad que si, por una parte, está directamente vinculado a las relaciones establecidas entre los individuos que la componen, por la otra se constituye por una amplitud de relaciones, lo cual exige la comprensión de su dinamicidad.

La centralización del concepto de Desarrollo, relacionándolo con factores relativos al mejoramiento de los indicadores de bienestar social y sustentabilidad, permite la construcción de un diálogo con la idea misma de desarrollo humano. Este último, a pesar de su necesaria y evidente dependencia del aporte de inversiones en un entorno determinado, se destaca esencialmente por llevar a cabo la vinculación necesaria con los propósitos de realización de la mejora de la calidad de vida de los miembros de una sociedad determinada. El Desarrollo debe asumirse como sinónimo de libertad, lo que lo relaciona con el proceso de expansión de las libertades reales; es, por lo tanto, un concepto tanto instrumental como finalista, y debe ser leído como sustentabilidad, libertad ambiental, económica y político-ciudadana. Es fundamental comprender que el respeto a las garantías y a los compromisos democráticos es uno de sus presupuestos.

Todas estas formas de libertades se instrumentalizan por medio de oportunidades sociales, transparencia y participación político-democrática, y garantías mínimas de seguridad social, así como contra cualquier forma de intolerancia, prejuicio, exclusión o violencia física, moral, jurisdiccional, cultural, económica, laboral o familiar. El Desarrollo como libertad tiene en cuenta la humanización de las más diversas políticas, sirviendo a la conquista, efectivización, disfrute y defensa de los derechos fundamentales en los más distintos ambientes donde se desarrollen las relaciones sociales.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO: DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN ESTATAL Y DE LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La Línea asume el Derecho como un instrumento de intervención y regulación del Estado en la vida social y lo relaciona con las tres perspectivas clásicas del Medio Ambiente: natural, urbanístico-artificial e histórico-patrimonial y cultural. Independientemente de la relación espacio-tiempo en que una sociedad determinada se constituya y exista, el Derecho emerge inevitablemente —incluso bajo prácticas no escritas o formales— como un instrumento de regulación de las prácticas sociales al imponer y prohibir caminos, y al establecer pautas orientadoras para las conductas humanas, responsabilidades y métodos punitivos.

La triangulación entre Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo debe ser pensada a partir de la construcción colectiva de una responsabilidad socioambiental que, en sus múltiples actuaciones, se configure como un instrumento de unión entre los ciudadanos pertenecientes a una sociedad dada y el anhelo social en pro de la construcción de un ambiente equilibrado, sustentable y desarrollado. La relación conciliatoria entre el Desarrollo, el Medio Ambiente y la Sustentabilidad debe construirse a partir de una principiología basada en la preservación ambiental y en la participación activa de los ciudadanos en la formación de políticas públicas desarrollistas y definitorias de marcos jurídicos regulatorios, capaces de proporcionar una combinación armoniosa entre la efectivización de los derechos fundamentales, el desarrollo y la preservación ambiental.

Esta línea se conforma a partir de la reunión de proyectos de investigación en curso conducidos por los docentes permanentes que la integran. Aunque cada uno de estos proyectos posea sus propias facetas individualizadoras, todos se conectan por medio de una o más categorías que forman la línea, creando así una interconexión entre los proyectos de investigación; esto se debe a que todos sus integrantes investigan y problematizan el Medio Ambiente y/o el Desarrollo a partir del papel del Estado como agente regulador y/o de este como ente obligado a proclamar, constituir y garantizar los medios y las formas aptas para asegurar y hacer efectivos los derechos fundamentales.

En un gran panorama, se percibe que la línea de investigación y los proyectos se orientan a responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué debe entenderse por desarrollo?
• ¿Cómo establecer una escala valorativa y qué instrumentos permiten un balance equilibrado entre Desarrollo y protección del Medio Ambiente?
• ¿Qué niveles de intervención ambiental son aceptables?
• ¿Cómo comprender la sustentabilidad?
• ¿Cuál debe ser el papel regulatorio del Estado en la construcción del equilibrio entre Medio Ambiente y Desarrollo?
• ¿Qué instrumentos estatales, con sus capacidades y limitaciones, ingresan en esta relación tensional?
• ¿Cómo construir formas de responsabilidad y sanción?
• ¿Cómo puede una actuación promocional de ámbito nacional e internacional contribuir a un desarrollo sustentable?
• ¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones del uso instrumental de las inversiones en la regulación?
• ¿Cómo los derechos fundamentales emergen, se tensionan y se concretan dentro del binomio Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable?

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO SOCIAL, CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y SUPERACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN MÚLTIPLOS AMBIENTES

La Línea inserta las distintas formas de desarrollo social en el centro de la investigación científica, de modo que cuestiona los niveles de realización de la ciudadanía y, por consecuencia, de la efectivización de los derechos fundamentales. Los diversos contextos de la vida en sociedad se convierten en objeto de la investigación jurídica a partir de sus respectivos ambientes de ocurrencia. En el período posterior a 1988, la idea de ciudadanía adquirió un sentido mucho más amplio y denotativo de la participación del pueblo en la vida política y, principalmente, en la distribución de los bienes y servicios provistos por el Estado. Por lo tanto, la ciudadanía representa la condición de ciudadano asumida por la persona humana miembro de un Estado Democrático de Derecho que se encuentre en el pleno ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, ya sean los de primera generación —que le permiten participar en la vida civil y política—, pero también los de segunda —relativos a la efectivización de los derechos sociales, económicos, de consumo, laborales y culturales—, o los de tercera, fundados en la idea de solidaridad y de transindividualidad, y relacionados con los derechos conexos al desarrollo, al medio ambiente y a la comunicación.

En realidad, el desarrollo de la comprensión humanística ya nos lleva a incorporar en este elenco constitutivo de la ciudadanía los derechos de cuarta y, para algunos, incluso los de quinta generación. En esta cuarta generación se insertan los derechos a la democracia, a la información y al pluralismo, los cuales se conectan por medio del principio axiológico-normativo de la dignidad de la persona humana que, en la última década, importó profundos cambios en las cuestiones de género e identidad, es decir, introdujo el derecho de ser. Por otro lado, la quinta generación, entendida como el derecho a la paz, puede ser trabajada en conjunto con los derechos de tercera generación o de forma autónoma, como lo hace un sector científico minoritario. Sin embargo, independientemente de la clasificación asumida, el punto central reside en la construcción, efectivización y encuadre jurídico del ejercicio de una ciudadanía plena como sinónimo de realización de los derechos fundamentales del individuo.

Los investigadores de la presente línea indagan sobre cuestiones relativas a toda una gama generacional de los derechos fundamentales, de modo que se incluyen en su alcance de investigación temas relacionados con la violencia y el ejercicio del poder punitivo estatal, género, salud, seguridad social, relaciones laborales y familiares, entre otros. Todas las grandes vertientes de investigación confluyen en el sentido de ofrecer elementos para la comprensión de los determinantes culturales, políticos y propiamente jurídicos que definen el papel social de la ley y su impacto en el desarrollo de la sociedad. Entre sus objetivos está el estudio de las relaciones jurídicas extrapatrimoniales, rescatando problemas que atañen directamente a la persona humana en su vida en sociedad, así como el de explorar los nuevos contornos de las relaciones jurídicas patrimoniales, según un enfoque que trascienda la tradicional dicotomía entre el derecho público y el derecho privado.

La línea se constituye de asignaturas y de la reunión de proyectos de investigación en curso en el ámbito de la UFRRJ que se conectan a partir de la idea común de la construcción de la ciudadanía como el espectro más anhelado de un desarrollo social capaz de reconocer, asegurar y hacer efectivos los derechos sociales en los distintos ambientes de convivencia humana colectiva. Así, emergen preguntas y problemas acerca de la construcción de la ciudadanía:

• ¿Cómo comprender el desarrollo social?
• ¿Qué es la ciudadanía y cómo se realiza contemporáneamente?
• ¿Son la ciudadanía y los derechos fundamentales conceptos intercambiables?
• ¿Cómo comprender y hacer efectiva la idea de justicia social?
• ¿Cuáles son las mejores prácticas y técnicas de resolución y mediación de los conflictos sociales?
• ¿Cuáles son los marcos jurídico-económicos de una sociedad socialmente desarrollada?
• ¿Cómo reconocer y abordar las cuestiones de género e identidad?
• ¿Cuáles son las perspectivas actuales para los derechos sociales de segunda generación como, por ejemplo, el derecho fundamental a la salud?
• ¿Cómo limitar y controlar el poder punitivo estatal?